Esta mañana, en una ceremonia realizada en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, la presidenta Michelle Bachelet firmó el Proyecto de Ley que crea el Seguro para el Acompañamiento de los Niños y Niñas (Sanna), el cual busca regular la cobertura, los requisitos de acceso y las prestaciones de un seguro solidario, que será financiado por el Fondo creado en abril 2017 por la ley 21.010.

Esta medida permitirá que padres y madres que trabajen, puedan tener una licencia médica para acompañar y cuidar a sus hijos e hijas menores afectados por una condición grave de salud, como cáncer, transplante de órgano sólido, desahucio o estado terminal y accidente grave con riesgo de muerte o de secuela funcional severa o permanente.

Al respecto, la Mandataria indicó que “en este duro proceso no queremos que los padres y madres estén solos. Ese es el mensaje central de este proyecto de ley: como país estamos diciendo que ya no deberán resolver solos esta situación, ni tendrán que depender exclusivamente de las capacidades financieras de su entorno para decidir si pueden o no darse el lujo de acompañar a sus hijos enfermos”.

Iniciativa

En abril 2017 se aprobó la ley N° 21.010, que crea el Fondo a través del cual se financiarán los permisos y subsidios para las madres y padres trabajadores. El fondo se integrará con una cotización mensual de cargo del empleador o del trabajador independiente, según corresponda, cuyo monto en régimen será de un 0,03% de las remuneraciones imponibles.

Esta cotización se implementará gradualmente, en la misma proporción en que se va extinguiendo la cotización extraordinaria del Fondo de Contingencia de las Mutualidades, hasta alcanzar la cotización de régimen, en enero de 2020. En régimen, los ingresos del fondo alcanzarán a un monto anual superior a los 13 mil millones de pesos.

El sistema de financiamiento del seguro permitirá incrementar en forma sostenible la cobertura de las condiciones graves de salud que afectan a los niños y niñas, partiendo por el cáncer, continuando con los trasplantes, los desahucios y finalmente, incorporando los accidentes que impliquen riesgo de muerte o generen una secuela funcional grave de carácter permanente para los niños y niñas.