Considerando “la condición de precariedad laboral y salarial con la que muchos profesores del país desarrollaron sus funciones durante largos años”, los senadores respaldaron el proyecto de acuerdo con el que solicitaron al Presidente de la República el envío urgente de una iniciativa legal que cree un bono post laboral para los profesores cuyos fondos previsionales no permitan financiar una pensión mínima equivalente a $ 400.000.

La iniciativa fue presentada por los senadores Hosaín Sabag, Isabel Allende, Soledad Alvear, Lily Pérez, Carlos Bianchi, Francisco Chahuán, Camilo Escalona, Alejandro García Huidobro, José Antonio Gómez, Antonio Horvath, Carlos Kuschel, Alejandro Navarro, Eugenio Tuma, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.

Los legisladores, además, sugirieron “que este piso mínimo para las pensiones sea calculado tomando la situación de un docente con al menos cuarenta años de servicio y una carga laboral de veinte horas pedagógicas semanales, estableciéndose la proporción correspondiente para los demás casos”.

Asimismo hicieron presente “que es de amplio consenso social que la valoración respecto a la función docente no guarda relación con el servicio que prestan al país en la formación de las nuevas generaciones ni con el nivel de remuneraciones que han tenido los profesores en el pasado y que, si bien, esta situación se ha ido mejorando, aún no existen los incentivos suficientes para que las personas preparadas opten por la carrera docente”.

Para los senadores resulta indispensable “que para avanzar en el mejoramiento de la calidad de la educación, la sociedad -a través del Estado- brinde a las personas que han optado por la docencia la seguridad respecto a su bienestar al momento del retiro, reconociendo que si el sistema previsional vigente no entrega esas garantías, es el Estado el que debe hacer el esfuerzo en ese sentido”.

Una de las preocupaciones que expusieron en el proyecto de acuerdo fue que, “al momento de retirarse por edad, un profesor con cuarenta años de servicio y veinte horas semanales, puede llegar a recibir una pensión de apenas 220 mil pesos, lo que evidentemente afecta la relevancia social que debe tener esta profesión, vulnera el principio de equidad entre iguales y constituye un desincentivo frente a la necesidad de promover la dedicación a la docencia de los mejores jóvenes”.

Y concordaron en que si la sociedad quiere mejorar la calidad de la educación que se imparte a niños y jóvenes, resulta esencial proteger a quienes cumplen la labor educadora, y “es un hecho que los profesores chilenos están en condiciones de detrimento frente a otras profesiones, por lo menos en lo que se refiere a su situación al momento de la jubilación”.